Tribunal Penal Internacional o Corte Penal Internacional (CPI) (página 2)

V. LA IMPORTANCIA DE SU
ESTABLECIMIENTO.-

• Es de naturaleza
  sumamente trascendental porque a) se establece
  reconociendo que los crímenes (genocidio, lesa
  humanidad, guerra y
  agresión) constituyen una amenaza para la paz, seguridad, y
  bienestar de la humanidad b) y además, que tales
  crímenes no deben quedar impunes.
• Es necesario perseguir y castigar a los responsables
  de los crímenes mas graves, ya que la Corte
  Internacional de Justicia
  (CIJ) sólo se ocupa de casos entre Estados sin enjuiciar
  a individuos.
• Porque evita los retrasos inherentes de preparar un
  tribunal ad hoc que pueden ser aprovechado por los criminales
  para escapar o desaparecer; los testigos pueden ser intimidados
  o las condiciones políticas y sociales pueden empeorar,
  además de que las investigaciones
  se encarecen.
• También porque la CPI puede actuar cuando las
  instituciones nacionales de justicia son
  involuntarias o incapaces de actuar.
• Además puede prevenir la comisión de
  crímenes de lesa humanidad deteniendo a delincuentes de
  guerra futuros.
• Los primeros casos conocidos por la CPI fueron
  situaciones de graves violaciones de DD.HH. en el Congo, Uganda
  y Sudan; remitidas por los propios paises y por el Consejo de
  Seguridad de las Naciones
  Unidas.
• En un histórico día, el 14 de octubre
  del 2005 la CPI anunció a la prensa que su
  Fiscal
  emitió órdenes internacionales de búsqueda
  y captura inmediata en contra de 05 militares ugandeses por
  graves crímenes cometidos en su país
  africano.

VI. FUNCIONAMIENTO.-

• La CPI funciona como un organismo autónomo de
  cualquier otro poder o
  Estado.
• Sin embargo, esto no obsta a que en el cumplimiento
  de su deber, cuente con la colaboración de los poderes
  públicos de cada país.
• Es el único órgano internacional con
  una competencia
  generalizada para juzgar individuos.

VII. DETERMINACIÓN DE LA
ACTUACIÓN DE LA CPI.-

• Que el estado
  haya instaurado el proceso con
  el propósito de sustraer a la persona de su
  responsabilidad penal.
• Que haya una demora injustificada en el
  juicio.
• Que el proceso no haya sido o no esté siendo
  substanciado de manera independiente e imparcial.

VIII. CRÍMENES QUE PUEDE
CONOCER.-

(Articulo 5 del Estatuto de Roma):

1. El
   genocidio.
2. Los crímenes de lesa
   humanidad.
3. Los crímenes de
   guerra.
4. El delito de
   agresión.

1. El genocidio..-
   (art. 6). Cualquier acto perpetrados con la
   intención de destruir total o parcialmente a un grupo
   nacional, étnico, racial o religioso; como la la muerte y
   lesión a la integridad física o moral de los
   miembros del grupo, el exterminio, la adopción
   de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo o
   el traslado forzoso de niños.
2. Los crímenes de lesa
   humanidad.- Leso significa agraviado,
   lastimado, ofendido (art. 7). Cualquier acto que se cometa como
   parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
   población civil y con conocimiento
   de dicho ataque; como asesinato, exterminio, deportación
   o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura,
   violación, prostitución forzada,
   esterilización forzada, persecución por motivos
   políticos, religiosos, ideológicos, raciales,
   étnicos u otros definidos expresamente,
   desaparición forzada o cualesquiera actos inhumanos que
   causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental
   o física de quién los sufre.
3. Los crímenes de
   guerra.- (art. 8). Cuando se cometan como
   parte de un plan o política o como
   parte de la comisión en gran escala
   de:

a) Violación a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949; b) Violación a las
leyes de guerra
vigentes, tanto nacionales como internacionales; y c)
Violación a las costumbres de la guerra
aplicables.

D) El delito de
agresión.- O crimen contra la paz (no
definido por el Estatuto de la CPI). Empero, debiera constituir
la prohibición absoluta y la potencial aplicación
de la pretensión punitiva de la Corte, en contra de
quienes organicen, avalen o realicen guerras de
agresión o de conquista. (Capítulo VII de
la Carta de
las Naciones Unidas).

XI. PRINCIPIOS
APLICABLES.-

• Complementariedad (La Corte
  funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar
  los hechos de competencia del tribunal);
• Nullum crime sine lege (el crimen debe estar
  definido al momento de la comisión y que sea competencia
  de la Corte);
• Nullum poena sine lege (Un condenado por la
  Corte sólo puede ser penado como ordena el
  Estatuto);
• Irretroactividad ratione personae (Nadie puede
  ser perseguido por la Corte por hechos o delitos
  cometidos con anterioridad a su entrada en
  vigencia);
• Responsabilidad penal individual (No
  serán objeto de la pretensión punitiva las
  personas jurídicas, salvo como hecho agravante por
  asociación ilícita);
• La Corte no es competente para juzgar a quienes
  eran menores de 18 años al momento de comisión
  del presunto crimen;
• Improcedencia de cargo oficial (todos son
  iguales ante la Corte, sea, por ejemplo jefe de
  estado);
• Responsabilidad por el cargo;
• Imprescriptibilidad; y
• Responsabilidad por cumplimiento de cargo (no
  es eximente de responsabilidad penal).

X. INVESTIGACIÓN.-

La investigación de los hechos que fueran
constitutivos de delitos se puede iniciar por tres formas
(artículo 13 del Estatuto):

• Por remisión de un Estado Parte a la Corte de
  una situación particular;
• Por solicitud del Consejo de Seguridad de las
  Naciones Unidas (donde se aplica el veto invertido);
  y
• De oficio por el Fiscal de la Corte.

XI. PENAS Y CUMPLIMIENTO.-

• Prisión hasta un plazo no mayor de 30
  años, o cadena perpetua, además de multa y el
  comiso de las especies que sean de propiedad
  del condenado.
• Su cumplimiento se puede llevar a cabo en el
  país sede de la Corte -Holanda- o en otro de acuerdo con
  los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros
  países.

XII. ÓRGANOS DE LA
CORTE.-

La CPI se encuentra formada por cuatro órganos
principales:

• La presidencia.
• Las Cámaras.- a) División de
  Apelaciones, b) División de Juicio y c) División
  de Pre-juicio.
• La Oficina del
  Fiscal.
• La Secretaría.

XIII. JUECES.-

La CPI está integrada por 18 Jueces que son
elegidos a partir de dos listas:

• Lista A: Consiste en candidatos con gran
  competencia en derecho penal y
  procesal, así como la experiencia necesaria como juez,
  fiscal, abogado u otra labor similar en procesos
  criminales.
• Lista B: Consiste en candidatos con gran
  competencia en áreas de derecho
  internacional, tales como derecho
  humanitario internacional y la codificación de los derechos
  humanos, así como una extensa experiencia legal
  profesional que sea de relevancia para el trabajo
  judicial de la Corte

Los Jueces actuales fueron elegidos de la lista A y son
de las nacionalidades siguientes: Trinidad y Tobago, Francia,
Chipre, Costa Rica,
Samoa, Republica de Corea, Irlanda, Mali, Reino Unido, Brasil,
Sudáfrica, Alemania,
Italia, Ghana,
Canadá, Bolivia,
Finlandia y Letonia.

XIV. LÍMITES DE COMPETENCIA DEL LA
CPI.-

• Temporal.- Únicamente
  puede extenderse sobre los crímenes cometidos
  después de la entrada en vigor del Estatuto (art. 11.1)-
  no retroactivo-, con lo que casos como el de Pinochet no
  podrían ser juzgados por este Tribunal, por la
  retroacción en perjuicio del justiciable.
• Territorial.- Sólo podrá ejercer
  su competencia en los casos en que el crimen haya tenido lugar
  en el territorio de uno de los Estados Parte o, en el caso de
  que se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave,
  su matrícula fuera la de uno de esos Estados (art. 12.2,
  letra "a").

No obstante, puede conocer también de aquellos
supuestos en que el acusado sea nacional de uno de los Estados
mencionados (art. 12.2, letra "b"), independientemente del
territorio donde se hayan producido los hechos.

Además, contempla la excepción prevista en
los artículos 4.2, 12.3 y 87.5, consistente en la
posibilidad de que la Corte ejerza su competencia para
crímenes concretos cometidos por nacionales o en el
territorio de un Estado no Parte, a través de un acuerdo
especial.

XV. ESTATUTO DE ROMA DE LA CPI.-

• Es el instrumento constitutivo de la CPI. Consta de
  128 artículos.
• El 17 de julio de 1998, 120 estados votaron para
  adoptarlo. Entró en vigencia el 1 de julio del
  2002.
• Procesará a individuos (desde jefes de estado
  que ordenaron o perdonaron un crimen hasta el ciudadano
  común que lo cometió) que sean acusados de los
  crímenes más graves bajo la ley
  internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad,
  crímenes de guerra y agresión.
• Resarcirá a las víctimas y
  sobrevivientes de dichos crímenes y puede, con el
  tiempo,
  demostrar tener un efecto disuasivo contra la comisión
  de estos crímenes.
• Extenderá la aplicación de la ley a
  nivel internacional, urgiendo a los sistemas
  judiciales nacionales a que investiguen y procesen dichos
  crímenes (fortaleciendo así dichos sistemas) y
  garantizando a la misma vez que una corte internacional
  esté lista para actuar cuando ellos fallen.
• Sin embargo, para ser efectiva, la CPI
  dependerá no sólo de una ratificación
  general del Estatuto de Roma, sino también de que los
  Estados Partes cumplan plenamente con sus obligaciones
  en el tratado. El original en copias autenticas consta en:
  árabe, chino, español, francés, inglés y ruso; el cual fue enviado y se
  enviará (por la secretaría general de las
  naciones unidas, en copia certificada) a los Estados que lo
  ratificaron y a los nuevos que decidan hacerlo, respectivamente
  (Artículo 128).

XVI. RESISTENCIAS
ANTE LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LA
CPI.-

• Durante la Conferencia
  para su aprobación, Estados Unidos,
  Israel y
  China
  hicieron causa común en contra de
  éste.
• Pese a esto, los primeros firmaron pero no lo
  ratificaron.
• De hecho, la firma por la parte norteamericana la
  realizó el ex-presidente Bill Clinton sólo un
  día antes de dejar el poder a George W.
  Bush.
• Pese a la experiencia internacional en
  suscripción de tratados
  multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quorum
  para su entrada en vigencia (60 países).
• Sin embargo, el proceso fue sumamente rápido,
  partiendo por Senegal hasta que diez países en conjunto
  depositaron ante la Secretaría General de las Naciones
  Unidas el instrumento de ratificación el 11 de abril de
  2002.

XVII. DE LA JURISDICCIÓN POR
EXCEPCIÓN DE LA CPI.-

Si bien dicha excepción puede parecer que se
trata de un asunto meramente terminológico, las
expresiones "no existan" y "no sean eficaces", tal como se
empleaban en el proyecto de
Estatuto, o la frase "no esté dispuesto a llevar a cabo el
enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo", que figura en el
artículo 17.1 (b) del Estatuto de Roma, pueden ser fuente
de ambigüedades hasta que la Corte determine los criterios
que se aplicarán. Las disposiciones de los
artículos 17.2 y 17.3 del Estatuto de Roma no ayudan mucho
a clarificar las expresiones mencionadas. Al contrario, al
referirse a otras nociones subjetivas, complican aún
más el problema .

XVIII. APLICACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN COMPLEMENTARIA.-

• Sólo podrá actuar en defecto de estas
  últimas.
• Un Estado pueda solicitar la inhibición del
  Fiscal de la Corte, cuando aquél esté realizando
  o haya realizado una investigación sobre las personas
  bajo su jurisdicción respecto a actos que puedan
  constituir crímenes de los descritos en el art. 5 del
  Estatuto (art. 18.2).
• También, la posibilidad que tiene ese Estado
  de impugnar la competencia o la admisibilidad de una causa por
  la Corte Penal Internacional (art. 19).
• La efectiva inhibición depende de la
  decisión que al respecto adopte la Sala de Cuestiones
  Preliminares (art. 18.2 in fine). Además, cabe revisarla
  en su caso a los seis meses de su adopción o cuando se
  haya producido un cambio
  significativo de circunstancias, y que el Fiscal pida que se le
  informe
  periódicamente de la marcha de las investigaciones o del
  ulterior juicio (art. 18.3 y 5, respectivamente).
• El artículo 17 habilita a la Corte para que
  examine si un Estado tiene verdadera disposición a
  actuar en un caso concreto
  fijando al efecto unos criterios determinantes, o si va a ser
  incapaz para ello, atendida la situación de su administración nacional de justicia.
  Hasta el punto, que según el artículo 20 es
  posible procesar de nuevo a una persona cuando la
  intención haya sido sustraerlo de su responsabilidad
  penal por crímenes de los que es competente este
  Tribunal internacional. Así como cuando no se haya
  instruido la causa de forma independiente o
  imparcial.

XIX. DENUNCIA AL
ESTATUTO DE LA CPI.-

• Todo Estado parte podrá denunciar el presente
  estatuto mediante notificación por escrito dirigida al
  secretario general de las naciones unidas.
• La denuncia surtirá efecto un año
  después de la fecha en que se reciba la
  notificación, a menos que en ella se indique una fecha
  ulterior.
• La denuncia no exonerará al Estado de las
  obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente
  estatuto mientras era parte en él, en particular las
  obligaciones financieras que hubiere
  contraído.
• La denuncia no obstará a la cooperación
  con la corte en el contexto de las investigaciones y los
  enjuiciamientos penales en relación con los cuales el
  estado denunciante esté obligado a cooperar y que se
  hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta
  efecto;
• la denuncia tampoco obstará en modo alguno a
  que se sigan examinando las cuestiones que la corte tuviera
  ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta
  efecto.(articulo 127).

XX. CONCLUSIONES.-

• El establecimiento consolidado de la CPI en el
  ámbito y Jurisdicción Internacional, es una
  necesidad imperiosa de la humanidad, que cobra más
  importancia en este mundo con diferencias sociales, donde la
  "Globalización" como fenómeno no ha
  llegado sólo a la economía de
  mercado, a
  la banca, a la
  política, a la cultura, al
  modo de vida, sino que opuesta y fatalmente, también a
  la criminalidad, el morbo, la decadencia y las formas de hacer
  el mal y causar el pánico humano.
• El titánico y noble trabajo
  realizado por muchos Estados en el marco de las Conferencias de
  Roma de julio de 1998, para el establecimiento definitivo de
  una Corte Penal Internacional, demuestra que aún existe
  la buena voluntad y la iniciativa de las naciones de la tierra
  por hacerle frente a ese "demonio" denominado crimen más
  grave y abominable que pueda conocerse por la
  humanidad.
• El Estatuto de Roma marcó un hito en la
  historia, al
  establecer un órgano jurisdiccional permanente que
  juzgará a aquellos criminales responsables de cometer
  los delitos más serios contra la dignidad
  humana y contra la paz mundial: genocidio, crímenes de
  lesa humanidad, crímenes de guerra y el de
  agresión.
• El Estado peruano tuvo un gran acierto al ratificar
  el Estatuto de la CPI.
• Asimismo, este instrumento internacional penal
  permanente ejemplifica un nuevo orden mundial, más
  democrático e inclusivo de la gran diversidad de
  naciones que integran la comunidad
  internacional.
• Las normas y
  principios que se han estudiado a lo largo de este trabajo, no
  solo son legales, sino también, legitimas; ya que son el
  producto de
  un consenso de más de 120 naciones, así como de
  cientos de organizaciones
  no gubernamentales, por lo que incluye principios de DD.HH.
  basados en la diversidad de ideologías, ordenamientos
  jurídicos, nacionalidades y condiciones
  humanas.

XXI. RECOMENDACIONES.-

• La implementación efectiva de la Corte
  consiste en que deben tomarse por nuestro país,
  básicamente la aplicación real del Estatuto de
  Roma, luego la concientización y capacitación administrativa, policial y
  judicial, ya que es esencial que todas las autoridades del
  Estado peruano que eventualmente puedan tener la
  obligación de cooperar o asistir con la Corte o de
  conocer de la comisión de uno de los delitos incluidos
  en dicho Estatuto, conozcan las regulaciones de este
  instrumento internacional, de sus Elementos de los
  Crímenes y de las Reglas de Procedimiento y
  Prueba. Esto, puesto que la ignorancia de las autoridades es
  quizás el mayor obstáculo hacia una efectiva
  cooperación con la Corte.
• La sociedad civil,
  las instituciones publicas y privadas deben ser los que
  encabecen el rol fiscalizador para tal efecto.

Jorge Isaac Torres Manrique

Abogado por la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa (Perú),
Maestría en Derecho Empresarial, Maestría en
Derecho Penal y Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional
Federico Villarreal. Egresado del I Nivel del VII Curso Profa de
la Academia de la Magistratura. Ex Conciliador del Centro de
Conciliación Extrajudicial Paz y Vida,
Arbitro de Derecho y Conciliador Extrajudicial. Post grado en
Derecho Registral y Notarial. Especialista en Comercio Exterior
y Aduanas, y en
Derecho
Público. Diplomado en Derecho Empresarial, Laboral, Procesal
Constitucional, Procesal Penal, y Civil y Procesal Civil.
Estudios de Filosofía, Psicología, Marketing,
Italiano, Inglés y Traductor Intérprete del Idioma
Portugués avanzado.